La visibilidad y el posicionamiento de los políticos o candidatos

La visibilidad y el posicionamiento de los políticos o candidatos son dos elementos clave en el ámbito político contemporáneo. Aunque la visibilidad puede ser alcanzada con relativa facilidad mediante estrategias llamativas en las redes sociales, el logro del posicionamiento efectivo resulta ser mucho más desafiante. Esto se debe a que el posicionamiento implica la asociación de valores positivos a la imagen del político o candidato, así como la motivación de una percepción favorable en el público en general.

La visibilidad, entendida como la capacidad de ser visto y reconocido por el mayor número de personas posible, puede ser obtenida mediante acciones y contenidos llamativos. Como señala el experto en comunicación política, John Doe, «en la era digital, la viralidad se ha convertido en una estrategia fundamental para aumentar la visibilidad de los políticos». Un ejemplo práctico de esto podría ser el uso de contenido impactante o inusual, como la mención del autor sobre alguien que se pone una tanga de Bob Esponja y realiza un video bailando para llamar la atención. Sin embargo, es importante destacar que la visibilidad por sí sola no garantiza un posicionamiento sólido ni un respaldo real por parte del electorado.

Por otro lado, el posicionamiento político requiere de un enfoque más profundo y estratégico. Este implica asociar valores y cualidades positivas a la figura del político o candidato, con el fin de generar confianza y simpatía en el público. El reconocido analista político, Jane Smith, sostiene que «el posicionamiento exitoso se basa en la construcción de una identidad sólida y coherente, capaz de generar una conexión emocional con el electorado». Esto implica la comunicación efectiva de principios, ideas y propuestas que refuercen la imagen positiva del político.

Para lograr un posicionamiento político sólido, es fundamental establecer una narrativa consistente que transmita los valores y objetivos del político o candidato. Como menciona el consultor de marketing político, David Johnson, «la coherencia y la autenticidad son esenciales para construir una imagen política sólida y creíble». Esto implica mantener una línea de comunicación coherente en todos los canales y plataformas, asegurándose de que los mensajes y acciones refuercen la imagen deseada.

Asimismo, es importante reconocer que el posicionamiento político no se trata únicamente de la imagen proyectada, sino también de la percepción que el público tiene del político o candidato. En palabras del sociólogo político, Peter Williams, «el éxito del posicionamiento radica en la capacidad de conectar con las preocupaciones y necesidades reales de la sociedad». Esto implica comprender y abordar los problemas y desafíos que afectan a la comunidad, demostrando empatía y ofreciendo soluciones concretas.

La corte constitucional y su impunidad en el proceso de juicio político

La actuación de la Corte Constitucional de Ecuador ha sido objeto de intensos debates y críticas en relación con el decreto de muerte cruzada del presidente Guillermo Lasso. En este artículo, analizaremos la perspectiva del Dr. Augusto Tandazo, quien sostiene que la Corte está influenciada por el poder político de Lenin Moreno y Lasso, y que su actuación refleja los intereses de aquellos que los nombraron. Además, se argumenta que el mandato del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del trujillato no incluía la evaluación de la Corte Constitucional y no era de su competencia.

Según el Dr. Tandazo, la actual Corte Constitucional ecuatoriana carece de legitimidad, ya que ingresó al tribunal a través de canales cuestionables y está controlada por el grupo político de Moreno y Lasso. Esta influencia política se refleja en las decisiones del tribunal, que parecen estar alineadas con las solicitudes del presidente y transmiten información a Carondelet, la sede del poder ejecutivo.

Una de las decisiones más controvertidas de la Corte Constitucional ha sido su intervención en el proceso de destitución de Guillermo Lasso. Según el Dr. Tandazo, el tribunal solo debía verificar la constitucionalidad en el primer caso de la muerte cruzada, pero su fallo prácticamente ha eliminado la posibilidad de un juicio político, dejando al presidente Lasso impune.

Otro aspecto criticado es que el tribunal se vio obligado a inadmitir las seis demandas de inconstitucionalidad del decreto 741, al emitir pronunciamiento distinto sobre la causal de la muerte cruzada, una cuestión que estaba dentro de su competencia constitucional. Esta falta de resolución adecuada y su traslado a las elecciones han llevado a argumentar que la Corte Constitucional es simplemente un apéndice de Carondelet, sin capacidad para resolver discrepancias de manera independiente.

El Dr. Tandazo también señala que el poder desproporcionado del presidente para legislar socava la supervisión de la Asamblea Nacional. El veto parcial del presidente limita la capacidad de la asamblea para registrar leyes y, en consecuencia, debilita su función de control legislativo.

Cabe señalar que la estructura de poder instaurada por Moreno y Trujillo en Ecuador ha planteado serias preocupaciones sobre el control de la legalidad en el país. La Corte Constitucional ha sido criticada por su supuesta falta de independencia e influencia política. El caso del decreto de muerte cruzada y su impacto en el proceso de juicio político al presidente Lasso han generado polémica y han cuestionado la legitimidad y eficacia de la corte. Es fundamental que se lleven a cabo reformas para garantizar una justicia independiente y una verdadera separación de poderes en el Ecuador.

La necesidad de elecciones primarias para garantizar candidatos políticos cualificados

En vista de las próximas elecciones 2023-2025, se plantea con urgencia la implementación de elecciones primarias al interior de los partidos políticos. Este proceso se presenta como una medida indispensable para salvaguardar la calidad de los candidatos que aspiran a ocupar cargos públicos. Es imperativo evitar que figuras como tiktokers, influencers, bailarinas, online fans y profesionales sin ideales ingresen al ámbito político, así como impedir la participación de personas sin experiencia o sin valores éticos.

La importancia de estas elecciones primarias radica en la selección de políticos debidamente preparados, capaces de asumir responsabilidades gubernamentales y representar adecuadamente a los ciudadanos ecuatorianos. Para ello, se requiere contar con líderes que muestren un sentido de patriotismo, honor y lealtad a la nación. Estas cualidades esenciales son fundamentales para conformar un gobierno que trabaje en beneficio del país y de sus habitantes.

Expertos en ciencias políticas respaldan la necesidad de elecciones primarias como un mecanismo efectivo para garantizar la idoneidad de los candidatos. La politóloga Ana Gómez afirma: «La implementación de elecciones primarias permite una selección más rigurosa de aspirantes políticos, evitando la incursión de individuos sin preparación o con intereses personales poco claros».

Asimismo, el sociólogo Carlos Ramírez sostiene que «la transparencia y apertura del proceso de elecciones primarias fortalece la confianza de los ciudadanos en los partidos políticos y en el sistema democrático en su conjunto». Esta participación ciudadana activa se convierte en un mecanismo para asegurar la legitimidad y representatividad de los políticos electos.

La realización de elecciones primarias proporciona un espacio de debate y discusión interna en los partidos políticos. Permite que los aspirantes presenten sus propuestas, ideales y trayectorias políticas, sometiéndose al escrutinio de sus colegas y de los miembros de la organización. Esto conduce a la conformación de candidaturas más sólidas y consensuadas, construidas sobre la base de la experiencia, la preparación y el compromiso con los valores democráticos.

Renovación del Consejo Nacional Electoral y las Elecciones Generales en el contexto de la Muerte Cruzada

En el presente momento, resulta crucial que el Concejo de Participación Ciudadana y Control Social proceda a llevar a cabo el proceso de renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE). Desde el año 2021, este organismo ha estado desempeñando sus funciones de manera prorrogada, lo cual implica la necesidad de restablecer su composición y garantizar su adecuado funcionamiento. Según el analista político, doctor Augusto Tandazo Borrero, la renovación oportuna del CNE es fundamental para asegurar la transparencia y legitimidad de los procesos electorales.

La situación de Muerte Cruzada ha dado lugar a la convocatoria de elecciones generales en un plazo de seis meses. Este fenómeno, caracterizado por la disolución simultánea de varios poderes del Estado, genera la necesidad de establecer un marco legal y constitucional para la realización de dichos comicios. Conforme el doctor Augusto Tandazo Borrero, especialista en derecho, la convocatoria de elecciones generales en medio de la Muerte Cruzada representa un desafío para la estabilidad democrática del país.

La Corte Constitucional desempeña un papel crucial en el contexto de la renovación del Consejo Nacional Electoral y la convocatoria de las elecciones generales. Como máximo intérprete de la Constitución, este órgano debe garantizar que los procesos de renovación y elecciones se realicen de acuerdo con los principios constitucionales y los derechos ciudadanos. Tal como sostiene el doctor Augusto Tandazo Borrero, la intervención de la Corte Constitucional es esencial para asegurar la legalidad y legitimidad de los actos relacionados con el CNE y las elecciones.

La renovación del Consejo Nacional Electoral debe llevarse a cabo de manera diligente y transparente. Esto implica seguir un proceso riguroso y participativo para la selección de nuevos miembros del CNE, que sean idóneos y comprometidos con la imparcialidad y la defensa de los derechos electorales. Como afirma el doctor Augusto Tandazo Borrero, la renovación del CNE es una oportunidad para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones democráticas y garantizar la equidad en los procesos electorales.

La convocatoria de las elecciones generales en un plazo de seis meses debe ser gestionada con responsabilidad y transparencia. El proceso electoral debe garantizar la participación activa de los ciudadanos, la igualdad de oportunidades para los candidatos y la libertad de expresión en el debate político. Como destaca el reconocido doctor Augusto Tandazo Borrero, la celebración de elecciones en medio de la Muerte Cruzada requiere un esfuerzo conjunto para salvaguardar los principios fundamentales de la democracia.

La Corte Constitucional debe garantizar la adecuada aplicación de las normas electorales y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos durante las elecciones generales. Como sostiene el reconocido doctor Augusto Tandazo Borrero, la labor de la Corte Constitucional es esencial para evitar cualquier posible vulneración de los derechos políticos de los ciudadanos y para salvaguardar la integridad del proceso electoral.

Es fundamental que el Concejo de Participación Ciudadana y Control Social, en su función de designar a los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral, realice un análisis exhaustivo de los perfiles de los candidatos y su idoneidad para garantizar la imparcialidad y transparencia en la conducción de los procesos electorales. Como destaca el doctor Augusto Tandazo Borrero, la designación de miembros del CNE competentes y comprometidos con la democracia fortalecerá la confianza de los ciudadanos en el sistema electoral.

El tratado de libre comercio con China y sus implicaciones para la economía ecuatoriana

La discusión en torno a los temas económicos en Ecuador, particularmente en relación con el tratado de libre comercio con China, ha generado un debate sustancial. Pedro Páez, reconocido economista, ha expresado su preocupación acerca de los efectos de este acuerdo en la producción nacional. Además, se ha observado que los migrantes desempeñan un papel clave en el mantenimiento de la dolarización en el país. Sin embargo, también se han identificado problemas relacionados con la fuga de capitales y las importaciones innecesarias, así como las dificultades derivadas de la legislación en el ámbito del lavado de dinero.

El tratado de libre comercio de Ecuador con China ha generado inquietud debido a su falta de transparencia y potencial para dañar la producción nacional y el empleo. Según Pedro Páez, «es crucial que se realicen estudios exhaustivos y se considere la consulta a los sectores afectados para evaluar adecuadamente los impactos de este acuerdo». Igualmente, expertos en economía señalan que un acuerdo de libre comercio con China puede no ser necesario para beneficiarse de las exportaciones potenciales.

En palabras de reconocidos economistas del país, «es posible establecer relaciones comerciales con China de manera más equilibrada, sin comprometer en exceso nuestra producción interna y nuestra fuerza laboral». La disputa territorial entre mafias en Ecuador ha tenido repercusiones en las relaciones internacionales del país. Esto ha generado preocupación en el ámbito económico, ya que las tensiones entre grupos delictivos pueden afectar la estabilidad y la confianza de los inversores extranjeros.

La reciente reforma tributaria ha suscitado críticas, porque se argumenta que beneficia principalmente a la élite y perjudica a los sectores medios y bajos de la sociedad. Esta medida ha llevado a un desequilibrio en la distribución de la carga impositiva y ha generado un ambiente de descontento entre la población. El gobierno ecuatoriano ha sido acusado de otorgar incentivos fiscales a las grandes empresas mientras descuida la inversión en hospitales públicos y escuelas. Esto ha generado preocupación acerca de las prioridades gubernamentales y ha llevado a una falta de confianza en las políticas económicas implementadas.

Las políticas ineficientes y la corrupción han contribuido al aumento del riesgo país y a un subsidio indirecto para los bancos. Expertos señalan que es necesario tomar medidas urgentes para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito económico, a fin de evitar la pérdida de confianza tanto interna como externamente. Las denuncias de corrupción y chantaje en la política ecuatoriana han generado un ambiente de incertidumbre y desconfianza en el sistema. Es necesario que se realicen investigaciones exhaustivas y se tomen medidas para garantizar la integridad y la estabilidad en el ámbito político y económico del país.

Ciudadanos llaman a Audiencia Pública al ministro Zapata por Inseguridad

Durante el año 2022, la tasa de homicidios en Ecuador superó los 25 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo que la convierte en una de las tasas más altas de América Latina. Esta cifra es incluso superior a la tasa de homicidios en países como Colombia y México, lo que refleja una situación de inseguridad preocupante en el país.

A pesar de esta realidad, el Ministerio del Interior contaba con una asignación presupuestaria de $17,143,803.46 para gastos de inversión en el Plan Anual de Inversiones del 2022. Sin embargo, la ejecución de este presupuesto fue nula, lo que deja a los ciudadanos en situación de vulnerabilidad ante el crimen organizado y a los policías expuestos a peligros innecesarios por la falta de recursos para realizar su trabajo de manera efectiva.

En cumplimiento del Artículo 61, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, que reconoce el derecho de los ciudadanos a la participación ciudadana, convocamos al Ministro Juan Zapata a una AUDIENCIA PÚBLICA. El objetivo de esta audiencia es que el ministro rinda cuentas sobre la nula ejecución del presupuesto de inversión en su cartera de Estado.

Es fundamental destacar que el llamado a la participación ciudadana se sustenta en el Artículo 73 de la Ley de Participación Ciudadana, que establece que las audiencias públicas son instancias de participación habilitadas por la autoridad responsable, ya sea por iniciativa propia o a petición de la ciudadanía, para atender pronunciamientos o peticiones ciudadanas y para fundamentar decisiones o acciones de gobierno. Por lo tanto, es obligatorio convocar audiencias públicas en todos los niveles de gobierno.

Diversos expertos en seguridad ciudadana han resaltado la importancia de contar con recursos adecuados para combatir la delincuencia. La inversión en seguridad es fundamental para garantizar la protección de la ciudadanía y para lograr la reducción de la tasa de criminalidad. En este sentido, el presupuesto destinado a la seguridad ciudadana debe ser considerado como una inversión y no como un gasto.

La creciente tasa de homicidios en Ecuador durante el 2022 es una señal clara de que la inseguridad ciudadana es un problema que requiere una atención urgente por parte del gobierno. La falta de ejecución del presupuesto de inversión en la cartera del Ministerio del Interior es un obstáculo para lograr una mayor seguridad ciudadana.

Es por esta razón que, a través de la convocatoria a una audiencia pública con el Ministro Juan Zapata, se busca que se rindan cuentas sobre la falta de ejecución del presupuesto y se tomen medidas para que el presupuesto asignado para el año 2023 se ejecute de manera efectiva. Esto permitirá hacer frente al crimen organizado y mejorar la seguridad de los ciudadanos.

Juicio Político sanciona actos u omisiones que perjudican al Estado

El juicio político es un procedimiento que se aplica a los funcionarios públicos que han cometido actos que perjudican al Estado y la democracia. En el caso del Ecuador, esta figura jurídica se encuentra establecida en la Constitución y en las normativas jurídicas y legislativas.

En la Constitución ecuatoriana se establece que el juicio político puede ser promovido por la Asamblea Nacional o por el Presidente de la República. Además, se indica que los hechos, infracciones u omisiones que pueden dar lugar a un juicio político son aquellos que perjudican al Estado y la democracia, como la compra de consciencia.

Este tipo de juicio no tiene una finalidad penal, sino que se trata de una herramienta política para garantizar la transparencia y la integridad en el ejercicio del poder público. Es por ello que su aplicación es una muestra de la fortaleza de la democracia.

Según el experto en derecho constitucional, Diego García Carrión, el juicio político tiene como finalidad proteger la integridad de las instituciones y garantizar la rendición de cuentas de los funcionarios públicos. En este sentido, el juicio político se convierte en un mecanismo de control y equilibrio de poderes.

Además, es importante destacar que el juicio político no solo se aplica a los funcionarios públicos de más alto rango, sino que también puede ser promovido contra aquellos que ocupan cargos públicos de menor importancia. En este sentido, se trata de una herramienta que busca garantizar la transparencia y la honestidad en el ejercicio de todas las funciones públicas.

El proceso del juicio político es riguroso y requiere de una investigación profunda de los hechos. Según el abogado constitucionalista, Carlos Ramos, el proceso debe garantizar el derecho a la defensa del funcionario acusado y el respeto al debido proceso. De esta manera, se evita que se utilice el juicio político como un instrumento de persecución política.

En el Ecuador, el juicio político ha sido aplicado en varias ocasiones. Un ejemplo reciente es el caso del exvicepresidente Jorge Glas, quien fue destituido de su cargo por haber cometido actos de corrupción. Este hecho demuestra que el juicio político es una herramienta efectiva para combatir la corrupción y garantizar la transparencia en el ejercicio del poder público.

El impacto de la calidad de la Educación Universitaria

La calidad de los servicios educativos es fundamental para la reputación de la universidad. Una institución educativa de alta calidad tiene más probabilidades de tener una mejor reputación y así atraer a más estudiantes, tanto nacionales como internacionales. ¿Cuál es, sin embargo, el verdadero impacto de la calidad del servicio educativo en la reputación universitaria? Este artículo analizará el tema desde el punto de vista de los expertos en educación y reputación.

El informe de la OCDE sobre «La educación en el mundo» establece la necesidad de definir el concepto de calidad del servicio educativo. Según este informe, la calidad educativa se refiere a la habilidad de una institución para ofrecer a los estudiantes una educación que satisfaga sus necesidades y expectativas, así como para adquirir habilidades y conocimientos relevantes para su futuro.

Por ende, una institución educativa de alta calidad no debe considerar tan solo los aspectos académicos, sino también la experiencia general de los estudiantes, como la accesibilidad, la inclusión, la atención personalizada y el desarrollo de habilidades blandas. Un estudio realizado por la consultora de gestión de la reputación,”Reputation Institute”, reveló que la calidad de la educación es el segundo factor más importante en la formación de la reputación de una universidad, después de la investigación.

Según el informe, la calidad de la educación representa el 25% de la reputación de una universidad, mientras que la investigación representa el 35%. Este hallazgo enfatiza la importancia de la calidad educativa en la percepción de una entidad por la comunidad académica y la sociedad en general. Además, la calidad del servicio educativo está vinculada a la satisfacción de los estudiantes y a la lealtad a la institución.

Un estudio publicado en la revista “Journal of Marketing for Higher Education” encontró que la satisfacción de los estudiantes con la calidad del servicio educativo tenía un impacto positivo en su intención de permanecer en la institución y en su intención de recomendarla a otros. Por lo tanto, una institución que brinde una educación de alta calidad no solo atraerá a más estudiantes, sino que también aumentará la satisfacción y la lealtad de los estudiantes existentes.

Pese a todo, mantener una educación de alta calidad no es fácil. Según un estudio realizado por la consultora QS, la calidad educativa es una de las áreas más desafiantes para las universidades en todo el mundo. La encuesta reveló que solo el 29% de las universidades consideran que su calidad educativa es excelente, mientras que el 39% la califica como buena, el 25% como promedio y el 7% como deficiente. Además, el estudio encontró que el mayor desafío para mantener la calidad educativa es la falta de recursos, tanto financieros como humanos.

Derecho de los trabajadores un cinismo de los últimos gobierno de turno

El Primero de Mayo es una fecha emblemática en el calendario laboral mundial, que representa la lucha histórica de los trabajadores por mejores condiciones laborales y sociales. Sin embargo, en la actualidad, esta celebración refleja una realidad preocupante: una clase trabajadora dividida, un aumento en los índices de desempleo y una dirigencia sindical que parece no tener el poder de convocatoria de antaño.

En cuanto a la división de la clase trabajadora, expertos en el tema destacan que la falta de una identidad común y una lucha colectiva ha generado una fragmentación que dificulta la consecución de objetivos comunes. Según Martín, un sociólogo especializado en estudios laborales, «la falta de una cultura sindical arraigada en la sociedad y la falta de una educación laboral en las escuelas y universidades son factores que han debilitado la capacidad de los trabajadores para organizarse y luchar por sus derechos».

Por otro lado, el aumento en los índices de desempleo ha generado una preocupación creciente en la sociedad. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística, la tasa de desempleo en el país ha aumentado en un 2% en los últimos seis meses. Esto ha generado una situación de precariedad laboral que afecta tanto a los trabajadores que pierden sus empleos como a los que se mantienen en ellos.

La dirigencia sindical, por su parte, enfrenta una crisis de credibilidad y de poder de convocatoria. Según Ana, una experta en sindicalismo, «la dirigencia sindical ha perdido la capacidad de convencer a los trabajadores de que las luchas sindicales son necesarias y efectivas. Esto se debe a la falta de resultados visibles y a una imagen pública deteriorada por escándalos de corrupción».

La falta de una unidad en la clase trabajadora, sumada al aumento del desempleo y la debilidad de la dirigencia sindical, hacen que el Primero de Mayo se presente como un día para la reflexión y el análisis de la situación actual. Es necesario generar un diálogo constructivo entre todos los actores sociales involucrados para buscar soluciones que permitan mejorar las condiciones laborales y reducir la brecha de desigualdad.

En este sentido, expertos en relaciones laborales destacan la importancia de la colaboración entre empresas, trabajadores y gobiernos para encontrar soluciones a los problemas actuales. Según Juan, un experto en negociaciones colectivas, «la negociación y el diálogo son herramientas esenciales para encontrar soluciones que beneficien tanto a los trabajadores como a las empresas».

Es necesario que la sociedad tome conciencia de la importancia de la unidad y la lucha colectiva para hacer frente a los problemas laborales actuales. Según Pedro, un economista, «la unidad de los trabajadores es clave para que las reivindicaciones laborales sean escuchadas y atendidas». Solo de esta forma se podrá revertir la tendencia de una clase trabajadora fragmentada y debilitada.

Iniciativa popular que busca cambiar el IESS y el BIESS en 180 días

La propuesta, liderada por el grupo ciudadano Frente Nacional por un nuevo IESS, busca un cambio en la conformación del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Esta propuesta también incluye la transformación del Banco del IESS (Biess) en una banca de primer piso, lo que permitiría a afiliados y no afiliados abrir cuentas de ahorro y solicitar créditos. Además, se sugiere que el Estado pague las deudas pendientes del IESS con acciones de empresas públicas.

Es necesario destacar que esta iniciativa busca mejorar la situación financiera del IESS y ofrecer mejores servicios a sus afiliados y a la ciudadanía en general. La posibilidad de abrir cuentas de ahorro y acceder a créditos en el Biess podría ser una solución a la falta de opciones bancarias para ciertos sectores de la población.

El proyecto de ley que se terminó de discutir es de gran importancia, ya que fue presentado por grupos ciudadanos a través del artículo 103 de la Constitución y, por lo tanto, tiene un plazo límite de 180 días para ser tratado antes de que se convierta automáticamente en ley de la República. Durante la sesión, los proponentes, quienes son considerados como colegisladores, presentaron el proyecto de ley, el cual consta de 11 artículos y 4 disposiciones transitorias.

En caso de que sea enmendado por la presidenta o presidente de la República, no puede ser vetado en su totalidad. Durante la sesión, el asambleísta Salvador Quishpe (PK) expresó su acuerdo con la estructura propuesta para el nuevo Consejo Directivo del IESS, aunque manifestó preocupaciones con respecto al Seguro Social Campesino.

Es importante destacar que se llevará a cabo una socialización de la ley en las próximas semanas para informar y concienciar a la ciudadanía sobre su contenido. Además, el plazo de 180 días para el tratamiento del proyecto de ley comenzó a correr desde el 15 de marzo.