La profesionalización de la comunicación pública es una ciencia.

Aunque Fundamedios y  la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP), no quieran entender, ni comprender que ningún derecho está por encima del otro. No se puede invisibilizar a los profesionales de la comunicación social, de tal manera que se niegue su derecho a la educación y  al trabajo.

Particularmente se pretende desvalorar el proceso académico de las universidades del país, pues al descalificar a los comunicadores sociales, mediante querella interpuesta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos –CIDH-. Alegando un atentado a la libertad de expresión, cuando en realidad se trata de una negación al derecho a la formación y al empleo.

Cabe enfatizar que la labor periodística es un trabajo de producción intelectual y requiere de una preparación académica. Por ello, se afirma que la comunicación pública es un campo académico, donde se busca desarrollar a la sociedad y se pretende afianzar la democracia.

En este sentido, el profesional de la comunicación social como dice Jesús Martin Barbero, “es de mediador ante las diferencias y desigualdades sociales. Su trabajo práctico del día a día es la lectura de los imaginarios sociales, para ir descubriendo que la difusión tiene su implicación e influencia cultural”. Entonces no se trata de defender una posición caprichosa de la profesionalización en la nueva Ley de Comunicación.

Así lo confirma el periodista guatemalteco nacionalizado mexicano, Editor de la revista electrónica veneno.com con Maestría en periodismo internacional por la Universidad Patricio Lumumba en la Unión Soviética. “la profesionalización de los trabajadores de los medios de comunicación es la columna central de la identidad del gremio ausente en la mayoría de los periodistas mexicanos, y es un factor decisivo para que se consolide una conducta ética que permita a la población a tener acceso a una información sustentada y que le de los suficientes elementos para entender su realidad”.

Mientras, César Ricaurte, indica que en este clima de tensión no será posible que se pueda debatir esta nueva normativa, por lo que pidió a la CIDH una «especial atención y sumo cuidado para que esa legislación no marque un precedente peligroso», en Latinoamérica. Aunque Diego Zalamea, representante del Gobierno de Correa, de su parte tan solo objetó que es una legislación todavía «en elaboración».

Lcdo. José Chica Pincay

REG. PROF. #1823 CPG.