La Superintendencia y las Políticas Estatales de Comunicación
Por: José Chica Pincay
Con la designación del Superintendente de Información y Comunicación, Carlos Ochoa Hernández, se acentuó el temor de los medios de comunicación sobre la libertad de expresión, la figura emblemática del artículo 55 de la Ley Orgánica de Comunicación tuvo serios cuestionamientos e impugnaciones por parte de la oposición. Al final se impuso la línea oficial del régimen.
Como se deduce, el fallo favoreció a la tendencia oficialista que impulsa una política gubernamental de comunicación en términos jurídicos. De lo que se trata es, desconcentrar el poder informativo y comunicativo del país, pues los mass medias (prensa, radio y televisión), a través de la producción de contenidos periodísticos refuerzan constantemente la estructura socioeconómica dominante, principal vector que articula el consumo mediático y el marketing social.
Tal como lo estableció en su momento el periodista, editor, publicista, empresario, inversionista, político y magnate de prensa, William Randolph Hearst, a quien se considera como -el padre del periodismo moderno- por su impresionante manejo estratégico de los medios de comunicación y su auténtica visión como instrumento político.
Sin lugar a dudas, la concentración del poder mediático despierta unilateralmente la dimensión económica y política. Por eso, “Hearst fue uno de los más afamados promotores de la prensa amarilla, se valió de generar escándalos y manipulación mediática, para lograr el beneficio comercial y político, siendo los casos más sonados como la Guerra hispano-estadounidense, donde intervino para que aconteciera y sus periódicos fuesen los que obtuviesen las primicias”.
De esta forma, el idealismo empresarial de los medios de comunicación aparece con una perspectiva de mercado. Por consiguiente, los medios de difusión masiva producen mensajes que se presentan prefabricados desde el aparente pluralismo, independencia, credibilidad y libertad de expresión.
En 1861, Karl Marx denunciaba que “los periódicos londinenses no representaban a la opinión popular, y sí a la voz de los políticos, que les conseguían determinados beneficios”. Realidad londinense que no se aleja del entorno actual del Ecuador y muchos medios de comunicación incurren en lo que Hearts sostenía la “noticia es algo que alguien, no quiere ver publicado; todo lo demás es publicidad”.
En otras palabras, quiso decir que la gente lee más ficción que le resulta interesante, y eso hace que la verdad no se sepa. Por eso es que en el Ecuador, un 17,4% de los ecuatorianos piensa que la prensa es confiable, un 21% la considera que tiene información veraz, mientras que un 30,9% de personas cree que la información es clara y otro 16% cree que tiene imparcialidad (Vásconez Dávalos, 2009).
Indicadores que proyectan una preocupante construcción social, porque el 84% de los ecuatorianos piensa que la prensa ecuatoriana es parcializada. Por lo tanto, no resulta difícil de entender, porque la intención de regular la responsabilidad de los medios de comunicación. Más cuando estos operan la producción televisiva y noticiosa así como la reproducción social, lo cual conlleva al consumo social y político.
Realmente el personaje histórico Hearts nos hace recordar que él, “realizó la campaña en contra de la Revolución Mexicana, primero para mantener el régimen de Porfirio Díaz y luego el de Victoriano Huerta, ello debido a la inmensa cantidad de propiedades y haciendas que poseía en territorio mexicano”.
Es decir que bajo sus intereses personales, llevó al periodismo a condiciones por demás ilógicas entre lo comunicativo, económico y político. Para comprenderlo, o por lo menos intentar entenderlo, hay que traer a Burns que dice “el poder de los medios de comunicación consiste en preguntarse con qué efectividad los medios masivos pueden alcanzar objetivos sobre otras personas a voluntad de quienes los dirigen, poseen o controlan, y quien es, se valen de ellos para canalizar sus mensajes”. (Castillo Esparcia, 2011)
Como señala Castillo “disponer de los medios de comunicación significa, en la actualidad, poseer un poder social, no tanto por el contenido que transmiten sino por el ambiente que crea, la atención y el mimetismo que despierta. El medio actúa como un espejo que refleja la realidad social y, al mismo tiempo, es el lugar en el que se crea ésta”.
Asimismo, agrega “la comunicación ejercida por parte de grupos o empresas es un modo importantísimo de crear opinión pública, bien influyendo directamente en las audiencias, bien haciéndolo indirectamente, al lograr que los medios incluyan entre sus contenidos los acontecimientos o situaciones que interesan al grupo”.
Frente a ello, se debe afrontar también el dinamismo del mercado comunicacional que se exporta como producto informativo y se consagra como monopolio de la globalización. Instancias comunicativas que hay que enfrentar y la Superintendencia de Información y Comunicación debe estar atenta.
El reto será pretender regular lo jurídico–financiero del mercado comunicativo y lo jurídico–administrativo de la autonomía empresarial. En ese escenario, el Superintendente de Información y Comunicación dijo en su cuenta twitter “que la Ley, es la Ley, ni se transa, ni se negocia, se cumple”.
Su pronunciamiento es puntual y como Superintendente de Información y Comunicación, tácitamente está determinando el rumbo que llevará su administración. Por consiguiente, la empresa periodística, como sujeto de derechos y obligaciones, deberá diferenciarse de cualquier otra empresa privada del país. A pesar que toda empresa pública o privada tiene una función o un rol que cumplir.
De acuerdo, pero hay que hacer un alto, y pensar en este caso, que la empresa periodística tiene una connotación estructural muy sui generis, pues convive con un dilema entre lo mercantilista y el factor de servicio público. Dualidades que, en estos últimos años, ha sido cuestionado por el conflicto ético que salvaguarda, lo cual ha dado lugar a los distintos debates sobre el tema.
Para la especialista en comunicación, Ana María Acosta Buenaño, de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, con sede en Quito, “la influencia de las tecnologías de la información modifica la forma de convivencia social, cultural y su relación con el poder y la política, a tal punto que la plaza, el parque, la esquina y hasta la iglesia, que antes eran el lugar de encuentro para intercambiar información y promover las discusiones públicas, son reemplazados por los centros comerciales y los medios de comunicación, donde se establece una relación menos personal”.
En ese sentido, cada vez se hace necesaria la presencia de los medios públicos y comunitarios para que el espacio del ágora pública, se nutra de las controversias y de la variedad de voces, ya que el pensamiento no es homogéneo, sino heterogéneo. Y en esa lógica, está el desafío de los medios de comunicación de mejorar la calidad de los contenidos simbólicos y la prestación del servicio informativo.
En términos generales, hablar de la calidad del contenido simbólico y la prestación del servicio informativo, es hablar de dos aspectos significativos que involucra al personal periodístico y la relación con el público. Conforme lo dice Ortiz “la so¬ciedad actual exige de sus medios y a empresas informativas perspectivas distintas de la realidad en tensión, en la que ha quedado atrás el tradicio¬nal papel mediador de todos los hechos sociales, para convertirse en el más reconocido intérprete de los mismos”.
Esto no significa que los medios de comunicación operen completamente al margen de la Ley, sino, por el contrario, simplemente que la ley sea el referente para salvaguardar los otros derechos humanos contemplados en los convenios internacionales. Es decir que “el ejercicio de los derechos humanos debe hacerse con el debido respeto por los derechos de los demás”.
Según informe de Reportero sin Frontera “los delitos de «difamación», «injurias» y «calumnia» siguen castigándose con penas de cárcel. Aunque quedaron en libertad en primera instancia, a dos periodistas les condenaron y encarcelaron por «injurias» a finales del año 2008. Milton Chachaguata Flores, propietario y director del semanario La Verdad, fue condenado a diez meses de cárcel y Freddy Aponte Aponte, de la radio privada local Luz y Vida, a seis meses. Éste último salió en libertad en enero de 2009 por «buena conducta», tras permanecer tres meses detenido.
Entre la disputa, la posición gubernamental ha enfrentado, en su contra, incesantes campañas mediáticas, así como un sin número de denuncias tanto a nivel nacional e internacional, por supuestas violaciones a la libertad de expresión. A pesar de ello, la Ley Orgánica de Comunicación ha superado todas las adversidades, sin que se haya superado las malas prácticas informativas y comunicativas en los medios de comunicación.
La Gaceta 