La pregunta es quién representa a quién en la Ley de Comunicación
Para el común de los ciudadanos la Ley de Comunicación no le representa sus aspiraciones de alimentación, empleo o educación, que son sus verdaderos problemas cotidianos, pero eso no es realmente tan cierto, pues la información es un poder que se constituye en un activo social que sabiéndolo usar adecuadamente mejora la democracia y la participación social como derecho (Pérez, 2015).
Actualmente hay toda una batalla política en la reforma a la Ley de Comunicación y hoy se pretende deslegitimar al gremio profesional de periodistas; y lo digo con franqueza, se pretende reducir la participación de los verdaderos representantes de la libertad de expresión. Cabe señalar que el periodismo es la profesión del valor, del riesgo, de la defensa de los derechos, del enfrentamiento a las amenazas y del combate a la corrupción (Chica, 2017).
Ahora los medios tienen oportunidad, según Jimmy Jaraila, después de tantos años de denunciar persecución (Última Hora Ecuador, 2017). Lo que no ha dicho el colega prefecto es que el gremio viene en una lucha constante e histórica desde 1972, o sea hace 45 años, los derechos de los periodistas siempre han sido vilipendiados, especialmente, por su situación legal y laboral, pues la idea es volver al pasado donde los grandes emporios de la comunicación hacían y deshacían con una Ley de 1975 que era un saludo a la bandera porque no se articulaba en el marco jurídico del país.
A partir de ahí se marcó la historia de las divisiones en el gremio, que no ha logrado superarlas hasta el presente, la UNP por su lado y el Colegio de Periodista por otro. Aunque la FENAPE sigue en el limbo rechazando posturas antagónicas de periodistas traidores y chupa medias del poder de turno, dejando de lado el verdadero sentir de los comunicadores sociales y periodistas profesionales. Por eso, hoy tiene una posición en firme para no dejarse arrebatar el derecho histórico que le corresponde.
Los viejos esquemas tratan de volver a través de una propuesta hecha por el movimiento político “Centro Democrático”, quien asume una postura que no representa los interés de los comunicadores, ni de los ciudadanos, pues se acoge al dialogo presidencial para infiltrarse en la construcción social de la Ley de Comunicación y defender a los medios con la idea de sustitución e incorporación a los dueños de los medios.
La pregunta es ¿Quién representa a quién?… porque los profesionales de la comunicación social poseemos un organismo que enfrenta las nuevas necesidades de los periodistas profesionales. Eh ahí la diferencia, mientras se defiende a la prensa como negocio, nosotros defendemos derechos de los ciudadanos y del gremio. Entonces volvemos a la pregunta ¿Quién representa a quién?… cuando se dice desde la prensa que la Ley de Comunicación no debería existir, pero la realidad es que existe y la defenderemos a raja tabla de sus detractores.
Es importante hacer énfasis en los planteamientos del gremio como es separar el monopolio de las Agencias de Publicidad de los medios porque constituyen un muro a la libertad de prensa o difusión, pues estas coarta el derecho al trabajo y a la libre contratación, convirtiéndose en una tercializadora abolida por el mandato ocho del 2008.
Así como exigir el cumplimiento del artículo 37, de la Ley de Comunicación en concordancia a los artículos 45, 49 y 63, de la Ley de discapacidades. Por otro lado, demandar la representación de la FENAPE al Consejo de Regulación y Consejo Consultivo.
A continuación, solicitar la disponibilidad del registro oficial de las publicaciones periodísticas a cargo de los Colegios de Periodistas con la debida participación porcentual como Agente de Recaudación. A su vez, proponer la conceptualización de la figura del “linchamiento mediático” para que no impida el trabajo investigativo de los periodistas.
Además, obligar el respeto a los cargos público de los Periodistas Profesionales o Comunicadores Sociales en los niveles administrativo de gestión comunicativa de acuerdo a los estudios académicos avalados por la Senescyt. Asimismo, exigir el derecho a la publicidad gubernamental sin restricción y de manera porcentual para los Periodistas Profesionales o Comunicadores Sociales autónomos en medios electrónicos, redes sociales y programas independientes, alejados a la plantilla de la programación propia de los medios.
De igual manera, hay que demandar que las conductas punitivas de los Periodistas Profesionales o Comunicadores Sociales se incluyan de manera vinculante la resolución respectiva del Tribunal de Honor de los Colegios de Periodistas en los casos de sanción por parte de la SUPERCOM. Asimismo hay que articular de forma determinante que los programas educativos sean financiados por el Estado en todos los medios públicos, privados, comunitarios y autónomos.
La Gaceta 